Áreas de práctica

La visión más digital del derecho

El Derecho Digital representa la madurez del rol del jurídico como eslabón entre la innovación y la gestión de riesgo.

La evolución del Derecho Digital en los últimos años ha cambiado su nivel, poniéndolo como herramienta estratégica en las Organizaciones Públicas y Privadas, ampliando la visión sobre responsabilidades, gestión de riesgos, gobernanza, conformidad legal y protección de reputación.

Los gestores pasaron a buscar orientaciones de especialistas en Derecho Digital, con enfoque orientado para riesgos y oportunidades para el desarrollo de su negocio, cada vez más con base en tecnología e innovación. Por lo tanto, el abogado asumió el rol de estratega con miras a más prevención y oportunidades con una reducción de incidentes y pérdidas financieras.

Para mitigar estos riesgos, tenemos que conocerlos. Cada día surgen nuevos temas a los que necesitamos dar seguimiento, como, por ejemplo:

  • Propiedad Intelectual e Innovación (Protección de Marca y Reputación, Software y Patentes de nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial a la internet de las cosas);
  • Seguridad de la Información y Combate al Fraude Digital (Crímenes Digitales, Pericia Forense, Respuesta a ataques como ataques de ransomware, DDoS);
  • Privacidad, Protección de Datos y Compliance Digital (Ley anticorrupción brasileña, FCPA, UK Bribery, Marco Civil de Internet);
  • Negocios Digitales y Consumidor Online (Fintechs, Comercio electrónico, Promociones en internet y redes sociales).
  • Ciber due diligence para M&A y Contratos de TI (contratos de tecnología, cloud computing, recuperación de ingresos en SLA’s y arbitraje).

Con la eliminación de procesos en papel y el creciente uso de contratos electrónicos, todo hoy pasa por pruebas electrónicas y testigos máquinas. La seguridad de la información pasó a integrar la cultura organizacional y la inversión en concienciación de los equipos en estos nuevos temas se hizo fundamental.

En este escenario, apenas los profesionales actualizados y multidisciplinarios consiguen actuar con el Derecho Digital, pues deben tener una visión holística e integrada para alcanzar las metas del negocio y mantener la propia sostenibilidad en la era Digital, además de apoyar a la sociedad a construir los normativos, sean ellos legales o corporativos, adecuados a la nueva realidad.

Según la visión de Lawrence Lessig, creador del Creative Commons, la regla del juego se tiene que pasar dentro del propio juego.

nuestras especialidades

PROPRIEDAD INTELECTUAL

Vivimos en una Sociedad basada en el conocimiento. A medida que los activos intelectuales ganaron importancia en el comercio internacional para determinar la riqueza de una nación, crecieron también los retos respecto a su protección, en especial considerando la nueva dimensión digital y toda la ruptura del paradigma social, cultural, económico y jurídico como consecuencia del surgimiento de internet y de la consolidación de su expansión en la vida de los individuos e instituciones.

Con la información en el centro del modelo de riqueza, crece la necesidad de proteger la propiedad intelectual, así como la propia marca, incluso en el ambiente digital. Protección que va desde el registro en el INPI.

Cada día surgen nuevas fronteras de discusión de la Propiedad Intelectual, que varían según el uso de los principios y herramientas del Derecho, entre los cuales destacamos:

  • Procedimientos administrativos de protección de marcas, patentes, derechos autorales, nombres de dominios, programas de computadora, conceptos, etc.;
  • Registro de software y anotación de contratos de transferencia de tecnología y de know how ante el INPI;
  • Seguimiento, interferencias, oposiciones y cancelación de pedidos ante el INPI;
  • Consultoría en derechos autorales y de imagen;
  • Elaboración y revisión de contratos relacionados a la propiedad intelectual;
  • Elaboración e implementación de Política de la Propiedad Intelectual para empresas e instituciones de enseñanza;
  • Apoyo legal para el cumplimiento de la legislación relacionada, dando seguimiento a marcos regulatorios, consultas públicas y relaciones institucionales con autoridades gubernamentales.

Para saber más sobre el tema, acceda aquí al artículo “¿A quién pertenece la propiedad de las bases de datos de Internet?, escrito por la Dra. Patricia Peck, elegida siete veces consecutivas como la abogada especialista más admirada en Propiedad Intelectual.

PROMOCIÓN COMERCIAL

El gran alcance de la comunicación digital modificó también la relación entre empresas y consumidores. Las estrategias de marketing y promoción de la marca, producto, servicio, o actividad necesitan estar en correspondencia con las disposiciones del ambiente online y de cada plataforma utilizada en esas acciones, que están sujetas a las interacciones de sus usuarios.

Desde la promoción comercial autorizada en el órgano regulador hasta los otros tipos de campañas comerciales que no involucran la autorización, tales como Programas de Incentivo, Campañas de Fidelidad, Acciones de Compró-Ganó, el éxito del proyecto depende directamente de la participación de un especialista de Derecho Digital, pues se optimiza el tiempo y se garantiza mayores resultados. Este tipo de asesoría jurídica garantiza la perfecta adecuación entre los contenidos creados para las campañas y la legislación, en especial, en lo que se refiere a sus divulgaciones y/o ejecuciones en el ambiente digital.

El trabajo incluye viabilizar jurídicamente la idea creativa, gerenciando sus riesgos y apoyando la diferenciación de las acciones de marketing, de comunicación y promoción, que deben estar en sintonía con su tiempo y buscar cada vez más innovación para destacarse. Así, el servicio de asesoría jurídica para el área de marketing, comprende:

  • Análisis y adecuación de mecánicas de promociones comerciales autorizadas;
  • Instrucción y seguimiento del pedido de autorización hasta su aprobación y homologación de la prestación de cuentas;
  • Elaboración de Reglamentos para acciones de marketing no sujetas a autorización;
  • Análisis de piezas de divulgación de las campañas de marketing;
  • Análisis de campañas de marketing bajo el aspecto de derechos autorales y derechos de las marcas;
  • Blindaje legal de perfiles y aplicaciones corporativas en las redes sociales, con elaboración de Términos de Uso y Política de Privacidad;
  • Análisis jurídico de las piezas de divulgación, en especial, aquellas que serán hospedadas en ambientes digitales, estando sujetas a las interacciones de los usuarios.
  • Gerenciamiento de crisis de campañas de marketing en ambientes digitales, por medio de la elaboración de respuestas y adopción de recomendaciones para evitar la viralización del contenido;
  • Elaboración de Política de Social-SAC – atención y reclamaciones en las Redes Sociales;
  • Elaboración y apoyo a la atención a los consumidores online – social SAC;
  • Apoyo legal para el cumplimiento de la legislación relacionada, dando seguimiento a marcos regulatorios, consultas públicas y relaciones institucionales con autoridades gubernamentales;
  • Participación de Comités consultivos y Asociaciones del área de Marketing y Publicidad.

BLINDAJE DE NEGOCIOS DIGITALES Y CONTRATOS

La economía digital propició un cambio global en las formas de hacer negocios. Innovaciones traídas por el surgimiento de las fintechs, healthtechs, insurtechs, edtechs y legaltechs exigen adecuación tanto para el cumplimiento de las exigencias legales, tales como el Marco Civil de Internet, y de las nuevas tendencias regulatorias, como el Proyecto de Ley de Protección de Datos, como para la gestión de los nuevos riesgos digitales.

Para garantizar que haya confiabilidad y buen desempeño es necesario también asegurar la debida protección contractual, incluyendo la implementación de Políticas de Privacidad, Términos de Uso, lo que puede y debe ser hecho incluso en la propia interfaz de la plataforma digital, por medio de vacunas legales.

La asesoría jurídica especializada actúa para viabilizar los proyectos digitales, no sólo señalando los riesgos jurídicos, sino principalmente indicando las medidas técnico-jurídicas con vista a alejarlos o al menos mitigarlos. En este sentido, el trabajo de un especialista en Derecho Digital, capaz de comprender el cambio tecnológico, sus efectos sociales y jurídicos y garantizar mayor protección al emprendedor, a los accionistas y al propio negocio, a partir de:

  • Análisis de viabilidad jurídica de ideas para nuevos negocios digitales según las leyes en vigor en brasil con el apoyo a incubadoras y empresarios;
  • Parecer de diagnóstico, auditoría técnica-legal de sitios, portales, aplicativos y ambientes de negocios en las redes sociales para verificación de conformidades y riesgos;
  • Elaboración y/o revisión de Términos de Uso, Política de Privacidad y vacunas legales para la protección del negocio digital;
  • Asesoría para implementación de mejores prácticas de gestión y gobernanza digital;
  • Análisis del grado de seguridad de la información del ambiente virtual;
  • Análisis de impactos laborales y fiscales aplicados a los nuevos negocios digitales.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En la realidad actual, donde los datos son la base de la economía digital, los procedimientos y reglas de Seguridad de la Información son indispensables para una buena gestión de los negocios, pues su implementación protege el valor de una empresa. Son medidas extremamente relevantes para el blindaje de las empresas e incluyen todos los sectores, abarcando tres niveles: Tecnología, Procesos y Personas.

Para armonizar cuestiones de monitoreo y privacidad en el ambiente corporativo, y estar en correspondencia con las nuevas reglas en vigor, es necesario un trabajo jurídico especializado para garantizar la conformidad legal de toda la documentación relacionada a la Seguridad de la Información, alineando los aspectos técnicos y jurídicos para blindar legalmente los procedimientos operacionales y evitar situaciones relacionadas con los incidentes de privacidad, monitoreo, obtención de prueba ilícita, pérdida de evidencia electrónica por la falta de colecta adecuada, entre otros.

O sea, es necesario tener procedimientos, normas y políticas relacionadas con los sistemas de información en conformidad con el Derecho Digital, actualizados y bien definidos, siendo prerrequisito para la ejecución de las tareas de organización y producción de las empresas, pero pueden no tener el efecto deseado si se abordan aisladamente. Así, destacamos las principales actividades:

  • Parecer de diagnóstico de auditoría técnica-legal de la etapa de madurez de seguridad de la información en la Empresa
  • Elaboración e implantación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, abarcando de la PSI, a las normas, procedimientos y cláusulas contractuales
  • Elaboración de Política de BYOD y norma de movilidad
  • Elaboración y actualización del Código de Ética de la TI y del Código de Conducta del Colaborador, así como demás instrumentos legales para suplir nuevas cuestiones laborales y de seguridad traídas por el uso de redes sociales y herramientas de movilidad
  • Elaboración de Política de Redes Sociales
  • Apoyo en las Campañas de Concienciación de Seguridad de la Información, con elaboración de cartillas, contenidos interactivos y educación a la distancia para atender a grandes públicos
  • Elaboración de Acuerdos de Confidencialidad y NDA’s
  • Apoyo y participación en Comités, Grupos y Asociaciones de Seguridad de la Información
  • Asesoría en Derecho Digital para garantizar que la actuación de las áreas de TI y SI estén alineadas con las normas de la ABNT NBR ISO IEC 27001:2006, 27002:2005 y 18044, el ITIL, así como la legislación vigente
  • Apoyo legal para cumplimiento de la legislación relacionada, acompañando marcos reguladores, consultas públicas y relaciones institucionales con autoridades gubernamentales

COMBATE AL FRAUDE

Levantamientos indican que Brasil es uno de los países que lideran el ranking de fraudes digitales en el mundo. Hurtos de datos personales y estafas de tarjeta de crédito son los principales fraudes practicados en el país, y que tienen como único fin la obtención indebida de ganancia personal o para terceros.

Donde hay actividad comercial, hay también prácticas de fraude que se aprovechan de fallas y de puntos débiles de las empresas para la obtención de ventaja indebida, sea para ganancias personales o corporativas, siempre en detrimento de la verdad pública.

Analizando la incidencia de esas acciones, es posible identificar las vulnerabilidades preferidas por los cibercriminales y trazar planes de prevención y blindaje digital. Cuando hay entendimiento del problema, los fraudes disminuyen, pues a partir de actitudes preventivas y un comportamiento seguro es posible reducir las probabilidades de ser víctima de estafas digitales.

Por eso es necesaria la implementación de mecanismos y procedimientos internos de integridad, monitoreo, análisis de procedimientos, auditoría, incentivo a la denuncia de irregularidades y a la aplicación efectiva de códigos de ética y de conducta.

Estas prácticas son importantes mecanismos de establecimiento de patrón de conducta requerido por la empresa y que debe ser seguido por todos los empleados y terceros, garantizando la sustentabilidad y la mitigación de los riesgos de fraude y corrupción en el ambiente corporativo, aumentando los lucros conferidos y manteniendo intactas la imagen y la reputación conquistadas ante la sociedad y el mercado nacional e internacional.

PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y COMPLIANCE DIGITAL

Negocios digitales ya nacen siendo globales porque Internet no tiene fronteras. La forma en que el modelo actual de negocios está sustentado en la Sociedad Digital, donde la información pasó a ser la principal moneda de cambio utilizada por los usuarios para tener acceso a determinados bienes, servicios o conveniencias, hace que surja la necesidad de leyes específicas sobre la protección de los datos personales, por más que el derecho a la privacidad ya esté previsto en la Constitución.

En la medida en que la economía digital gira en torno de los datos personales, es necesario establecer algunos límites y mejores prácticas, para protección del consumidor y evitar incluso la competencia desleal. O sea, el objetivo es cohibir los excesos y garantizar mayor transparencia y legitimidad a los negocios. El progreso y la evolución tecnológica tienen como objetivo, precisamente, dar mayor acceso a la información, al mismo tiempo que las relaciones de negociación dependen directamente de los datos para garantizar la seguridad jurídica de las partes, evitar estafas, fraudes e incumplimientos. Información verdadera y transparente, utilizada de forma legítima y proporcional, garantiza el crecimiento económico y la seguridad pública.

Por eso, es indispensable el trabajo de un especialista en Derecho digital, capaz de comprender el cambio tecnológico, sus efectos sociales y jurídicos y garantizar una mayor protección al emprendedor, a los accionistas y al propio negocio. Por eso, es imprescindible comprender y superar desafíos relativos a cómo las empresas pueden proteger sus datos (son activos fundamentales) y de sus clientes (que están relacionados a las ideas de intimidad y privacidad).

Esa adecuación abarca desde las bases de datos hasta la elaboración de la política de privacidad de acuerdo con los nuevos reglamentos en Brasil, en Europa (GDPR) y en los Estados Unidos del Marco Civil de Internet y de la Ley Anticorrupción. De esta forma, las empresas toman decisiones estratégicas que equilibran el respeto a la protección de los datos personales y las condiciones de crecimiento de los negocios en la Economía Digital con la tendencia del Big Data, de la Inteligencia Artificial y de la Internet de las Cosas.

Son mecanismos y procedimientos internos de compliance, que deben ser ampliamente divulgados y continuos, y contar con la participación de todos los empleados, independientemente del cargo o de la función ejercida. Este programa involucra acciones técnicas, innovadoras y preventivas no sólo para viabilizar negocios, sino también para hacer de la protección de datos una verdadera ventaja competitiva, a partir del:

  • Compromiso de toda la alta dirección con los principios y valores éticos establecidos en el programa de compliance;
  • Elaboración del Código de Ética y Conducta, garantizando la práctica de relaciones éticas y transparentes, además de prohibir cualquier forma de corrupción, fraude, soborno, favorecimiento o extorsión;
  • Consultoría técnico-jurídica sobre la seguridad de datos y ante el (in)cumplimiento de las principales reglas vinculadas a las tecnologías de la información;
  • Verificación del cumplimiento regulatorio (leyes nacionales y extranjeras) para la viabilización de negocios y manutención de la integridad corporativa;
  • Actualización de las normativas de Seguridad de la Información, a fin de asegurar el uso ético de los activos tangibles e intangibles;
  • Elaboración de norma específica para contratación de terceros, englobando desde el proceso de negociación hasta la efectiva contratación, y durante todo el desarrollo de la actividad contratada;
  • Detección, prevención y solución de inconformidades relacionadas a la tecnología;
  • Actuación contenciosa en casos de filtración de datos, competencia desleal, fraudes, etc.;
  • Análisis, revisión y consultoría en contratos que involucren cualquier tipo de transferencia de datos (nacionales e internacionales, entre nacionales y extranjeros, para todo tipo de terceros, etc.), incluyéndose ahí operaciones de fusiones y adquisiciones y societarias en general;
  • Auditorías y gerenciamiento de riesgo de exposición de datos;
  • Elaboración y revisión de términos de uso de plataformas y canales digitales para cumplimiento (compliance) de leyes como el “Marco Civil de Internet” (ley 12.965/14), Ley “Carolina Dieckman” (ley 12.737/12), Código de Defensa del Consumidor y su reglamento (ley 8.078/90 y Decreto 7.962/13), Reglamento General Europeo de Protección de Datos, Ley “Anticorrupción” y su reglamento (ley 12.846/13 y Decreto 8.420/15), etc.

CONTRATOS DE TECNOLOGÍA

Gran parte de los procesos críticos de las empresas dependen de la calidad, regularidad y disponibilidad de servicios de tecnología. Apenas cuando los riesgos involucrados son correctamente comprendidos es posible establecer acuerdos que protejan los intereses de las partes sin hacer inviable la economía interna del contrato.

La actuación de un equipo especializado en contratos de tecnología promueve la más eficiente asignación de riesgos contractuales y el perfeccionamiento de los controles en servicios subcontratados. Este trabajo incluye análisis de documentos e interfaces, elaboración y revisión de minutas y apoyo en la negociación de instrumentos contractuales incluyendo SaaS, Cloud Computing, ERP, CRM, Licencia de Uso, MoU, SLA, NDA, cesión de tecnología en M&A, a partir de actividades como: 

  • Análisis de riesgos técnicos y legales en contratos de TI, Telecom, Softwarehouse, cloud computing, Saas (Software as a Service) y Gestión de Datos (Big Data);
  • Elaboración y análisis de contratos internacionales;
  • Elaboración, revisión y negociación de contratos y SLAs;
  • Elaboración y/o revisión de contratos de asociación, prestación de servicios, provisión necesarios para viabilizar la actividad;
  • Análisis y actuación ante barreras comerciales (exportación) e instrumentos de defensa comercial (importación);
  • Asesoría jurídica para transición de proveedores de TI y Telecom;
  • Apoyo en la repactación de condiciones contractuales y conflictos litigiosos previos – notificaciones, negociaciones y acuerdos, mediación y arbitraje de contratos;
  • Recuperación de ingresos en el incumplimiento de las condiciones establecidas en contratos;
  • Elaboración, revisión y negociación de contratos que involucren almacenaje y/o digitalización de documentos, así como homologación de procesos y softwares para garantizar la seguridad jurídica de la documentación.

SOCIETARIO, M&A Y ARBITRAJE

En una sociedad mundialmente conectada y cualificada por sus activos intangibles, la tecnología se firma como base y diferencial competitivo para cualquier negocio. En este contexto, es essencial la prestación de servicios especializados a las empresas que buscan viabilizar o consolidar sus proyectos innovadores a través de la identificación y análisis de riesgos, garantizando la buena gobernanza corporativa y conformidad legal, alineada con el segmento, negocio y en la generación de oportunidades.

En los últimos años, no fueron pocas las veces que el segmento de TI lideró las transacciones de fusiones y adquisiciones efectuadas. Son procedimientos complejos, en los cuales aspectos mercadológicos se mezclan con cuestiones regulatorias e impactan en la valoración del negocio. O sea, es necesario entender el negocio para alinear la estrategia y trazar la operación en conformidad legal ante el órgano de control.

Esa necesidad no sólo surge para grandes empresas, sino también para startups, principalmente en las operaciones de adquisiciones.

Destacamos las principales actividades, aliando seguridad jurídica, conocimiento tecnológico y económico:

  • Consultoría para asuntos societarios, desde su planeamiento, formación, acuerdos, reorganizaciones, fusiones, adquisiciones, separaciones, constitución de holdings y colaboraciones que puedan ser realizadas;
  • Due Diligence con vista a la confirmación de informaciones para Fusiones, Adquisiciones de Empresas de Tecnología o de activos;
  • Implementación de políticas y normas de Seguridad de la Información, para atender a requisitos de compliance.

En cualquier negocio jurídico, no podemos dejar de pensar en cómo será una eventual composición de conflicto. Sea en la parte societaria o en los contratos de tecnología, las empresas han buscado soluciones céleres y equilibradas.

El arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos indicado para esas situaciones y es importante que las partes definan en el contrato la opción de utilizarlo. La cláusula de arbitraje para alcanzar su plena eficacia debe ser redactada en conformidad con los requisitos de la Ley 9.307/1996, competiendo a las partes analizar el reglamento y escoger la mejor Cámara.

La sentencia arbitral tiene el mismo efecto que la sentencia judicial. Es segura cuando se acuerda entre las partes aún en la fase contractual, facilitando su gestión, pues las discusiones serán resueltas en el lugar adecuado y de la forma ya establecida.

PERICIA DIGITAL Y CONTENCIOSO CIVIL Y CRIMINAL

Los retos derivados del actual estado del desarrollo social y tecnológico no sólo demandan actuaciones consultivas, sino también contenciosas.

La actuación en el área del contencioso digital es cada vez más común teniendo en cuenta que todas las etapas de los actos ilícitos practicados con la tecnología dejan rastros, posibilitando la identificación de autoría en la gran mayoría de los casos. En diversas oportunidades la actuación será administrativa, mediante la utilización de notificaciones a los responsables ya previamente identificados. En otros casos, será necesario promover acciones civiles y/o criminales para la obtención de datos de registro o números de IP.

Tanto para un caso como para el otro es imprescindible que la actuación sea absolutamente precisa y técnica de modo que se optimice al máximo el tiempo, impedir que los actos ilícitos se propaguen y, por encima de todo, obtener éxito para los clientes, con el cumplimiento de:

  • Demandas civiles (acciones de identificación de autoría, indemnizatorias, medidas de búsqueda y captura, entre otras);
  • Demandas criminales (providencias investigativas para auxilio de las autoridades policiales, asistencia a la acusación, seguimiento de investigaciones policiales y acciones penales, medidas cautelares de búsqueda y captura, defensas en casos que involucren crímenes digitales, competencia desleal, ramsonware, ataques con utilización de virus/malwares, de denegación de servicio, extorsiones, violaciones de propiedad intelectual, etc.);
  • Seguimiento de pericias técnicas que involucren aparatos tecnológicos;
  • Dictámenes de viabilidad y presentación de las estrategias legales para demandas legales;
  • Remoción de contenidos y sitios indebidos (Brasil y exterior);
  • Investigación de autoría y determinación de responsabilidad (e-mail anónimo, invasión de infraestructura, posts ofensivos);
  • Apoyo legal para cumplimiento de la legislación relacionada, dando seguimiento a marcos regulatorios, consultas públicas y relaciones institucionales con autoridades gubernamentales.
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